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Medidaprioritaria 83
Promover el aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales, evitando los daños sociales y ambientales que su explotaciónpueda causar.
Otros instrumentos,
instancias ymecanismos
relacionados
Objetivos de desarrollo sostenible: En el documento final de laConferenciaRío+20, “El futuro que queremos”, se dispuso la creación de un
grupo de trabajo abierto intergubernamental para la elaboración de una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible que integrarían la
agenda para el desarrollo después de 2015. De esta forma, es posible dar seguimiento a esta medida mediante el objetivo 6 (“Garantizar la
disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”), particularmente lasmetas 6.1 (“Para 2030, lograr el acceso
universal y equitativo a agua potable segura y asequible para todos”) y 6.6 (“Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”), y el objetivo 12 (“Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles”), en particular las metas 12.2 (“Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales”) y 12.5 (“Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de
prevención, reducción, reciclajey reutilización”).
En la resolución 64/292 (28 de julio de 2010), laAsambleaGeneral de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al
agua potable y el saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para el disfrute de todos los derechos humanos. En la resolución se
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros y propiciar la capacitación y la transferencia de
tecnología, en particular a los países en desarrollo, a fin de proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento accesible y asequible
para todos, especialmente en contextos donde el aguapotableno siempre es un recursodeusopúblico.
Observaciones
Los países miembros de la CEPAL sostienen que se debe avanzar hacia unamejor ymayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos
naturales para que estos contribuyan a una economíamás diversificada,más sostenible en términos ambientales y con sinergias enmateria de
empleo, bienestar y desarrollo económico de largo plazo. Se propone que esa gobernanza esté dirigida a administrar la propiedad, losmodos
de apropiación y la redistribución de las ganancias de productividad, para que toda la sociedad se beneficie de la dotación de los recursos
naturales. En laMesa de Alto Nivel “Hacia una visión de la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el
Caribe”, realizada en enero de 2015, se recalcó que los elementos para la construcción de un pacto sobre la gobernanza de los recursos
naturales son: la creación de una estrategia y política de Estado de largo plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a las
metas de desarrollo con diversificación productiva, cambio estructural e inclusión social; la actualización de los marcos tributarios de los
países para obtenermayor progresividad en la participación del Estado en las rentas; la institucionalización demecanismos de estabilización,
ahorro e inversiónde largoplazode estas rentas, y el fortalecimientode la capacidadde las instituciones públicas paragestionar los conflictos
socioambientalesy laborales asociados al desarrollode los sectores extractivos.
Existe también un vínculo entre la explotación de recursos naturales y los impactos que puede ocasionar en la población que habita en las
zonas cercanas, lo que ocasiona conflictos socioambientales, particularmente en territorios donde se asientan los pueblos indígenas. Es
importante incluir en el desarrollo de estas actividades extractivas planes de impacto ambiental que dimensionen los riesgos y efectos
ambientales y sociales, especialmente asociados a extracciones monoproductivas de alta tecnología, como planes de prevención,
mitigación, corrección y compensación de efectos ambientales negativos. Se deben considerar instrumentos de consulta para que la
población pueda participar en todo el proceso.
La implementación de esta medida prioritaria implica una nueva gobernanza de los recursos naturales, la que debe considerar
explícitamente los derechos territoriales de los pueblos indígenas (véase laMP 88).
