Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo - page 88

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c) Como parte de las actividades preparatorias de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que
se celebraría en Addis Abeba en julio de 2015, se realizó en marzo de 2015, en la sede de la CEPAL, en Santiago, la Consulta
Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo. Entre las conclusiones del documento de trabajo
Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de
rentamedia
, presentado por laCEPAL en esa reunión, semenciona que la agenda para el desarrollo después de 2015 transformará
profundamente el desarrollo sostenible y requerirá una granmovilización de recursos, así como un cambio en el financiamiento, la
organización y la asignación de esos recursos; que el cumplimiento de sus objetivos requiere la movilización de recursos tanto
públicos como privados; que los países de América Latina y el Caribe difieren en sus capacidades para acceder al financiamiento
privado; que los cambios en el panorama financiero han incrementado la complejidad de combinar las distintas opciones de
financiamiento; que un acceso más amplio a los recursos externos debe ser complementado y balanceado con una mejor
movilización de recursos internos; que la movilización de los recursos internos no se limita a la mera movilización de recursos
fiscales y que lamovilización de los recursos internos pormedios fiscales debería complementarse con el fortalecimiento del papel
de los bancos de desarrollo.
Siguiendo la experiencia de los países de la Unión Europea que están analizando y adoptando medidas que permitan optimizar sus
modelos asistenciales y farmacéuticos y, en especial, el gasto farmacéutico y su peso en el gasto en salud, se hace necesario el abordaje de
medidas en este ámbito. Asimismo, para hacer el seguimiento de esta medida prioritaria es preciso examinar el gasto en salud sexual y
salud reproductiva como porcentaje del gasto en salud, y del gasto público social.
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