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Medidaprioritaria 65
Poner enmarcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestasmultisectoriales integrales e integrados, coordinados,
interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a lasmujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos
de violencia, que cuenten con recursos adecuados yque reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual
y la salud reproductiva, los serviciosmédicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formacióny generación de ingresos, para promover
la autonomía de lasmujeres en todas sus dimensiones.
Otros instrumentos,
instancias ymecanismos
relacionados
Lamedida prioritaria 65 tiene un carácter bastante general y abarca una diversidad de aspectos, como la violencia en contra de lamujer,
la atención de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y la formación y generación de ingresos para la autonomía de la mujer,
que son considerados demaneramás específica en otrasmedidas prioritarias de esta guía.
La violencia en contra de la mujer es tema central de las medidas prioritarias 56, 57 y 58 y, de manera general, tiene una vinculación
importante con los acuerdos del capítuloD del Consenso de SantoDomingo (“Igualdad de géneroy eliminaciónde la violencia contra las
mujeres”), los acuerdos del capítulo 4 del Consenso de Brasilia (“Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres”), los
acuerdos xxviii y xxix del Consenso de Quito y la meta 5.2 de los ODS. Cuenta además con
la Convención de Belém do Pará como
mecanismo de apoyopara su seguimiento.
La salud sexual y reproductiva, a su vez, es tema central del capítulo D de esta
Guía operacional
(que trata específicamente el acceso
universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva), mientras que la formación y generación de ingresos de las mujeres se
retoma, de algunamanera, en lasMP 54, 55 y 56 (que se focalizan en aspectos del ámbito laboral con fuerte incidencia en la autonomía
económica de lasmujeres), además de estar contemplado en el acuerdo 61 del Consenso de SantoDomingo (“Priorizar también el diseño
e implementación de políticas y programas públicos dirigidos a la reducción de la pobreza de las mujeres, sobre la base del desarrollo
sostenible, el crecimiento económico, el apoyo técnico y financiero a actividades productivas desarrolladas por mujeres en situación de
pobreza, la capacitacióny formaciónpara el trabajo; el acceso a trabajo decente y el uso óptimo de las tecnologías de la informacióny las
comunicaciones, con perspectiva de igualdad”).
Observaciones
Estamedida secomplementacon laMP89parael casoparticularde laeliminaciónde todas las formasdeviolenciacontramujeres indígenas.
