EstrategiaNacional
para laPrevencióndel Embarazo
enAdolescentes
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por acuerdos internacionales que reconocen el derecho a la educación en sexualidad y a servicios de
salud sexual y reproductiva.
Por suparte, elConsensodeMontevideo sobrePoblaciónyDesarrollo (2013), reconoceque el Estado
debe garantizar políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente
en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad,
así como asegurar la efectiva implementaciónde programas de educación integral para la sexualidad,
reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño
y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque
participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. Incluye la implementación de pro-
gramas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y
jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de
género, derechos humanos, que sean intergeneracionales e interculturales, yque garanticen el acceso
amétodos anticonceptivosmodernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad
yprivacidad, paraque adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales yderechos reproductivos,
tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no
deseados, la transmisióndel VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Tomendecisiones libres,
informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejerciciode suorientación
sexual. Considera el fortalecimiento de políticas y programas para evitar la deserción escolar de las
adolescentes embarazadas y lasmadres jóvenes y, dar prioridad a prevenir el embarazo en la adoles-
cencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso
oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida
la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos ymasculinos; Finalmente,
considera el diseño de estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el em-
barazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atenciónprenatal, del partoyposparto, el acceso a
métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia.
3.4 Derechoaunavida libredeviolencia
Existen diversos instrumentos que reconocen el derecho de las niñas y adolescentes a vivir una vida
libredeviolencia.LaConvencióndeBelémdoParádefine laviolenciacontra lamujercomo“cualquier
acción o conducta, basada en su género, que causemuerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-
lógico a lamujer, tanto en el ámbitopúblico como en el privado.”
Laaltaprevalenciadecasosdeviolencia sexual enmenoresde18años esunade las causasdeembara-
zodeniñas y adolescentes enMéxico. Lasmujeres víctimas de violencia sexual son expuestas adiver-
sos riesgos como consecuencia de este actode violencia: lesiones físicas ypsicológicas, la transmisión
de infecciones de transmisión sexual yun embarazonodeseado.
La LeyGeneral deVíctimas y laNormaOficialMexicanaNOM046– SSA2–2005 “Violencia fami-
liar, sexual y contra lasmujeres. Criterios para la prevención y atención” reconocen el derecho de las
víctimas de violación a acceder a servicios deSSR como laprofilaxis, a la anticoncepciónde emergen-
cia y a la interrupcióndel embarazo.
El matrimonio forzado también es un factor de riesgo que vulnera los derechos de las niñas y las
adolescentes, que las enfrenta a la posibilidad de ser víctimas de violencia y cursar embarazos no de-
seados. Existe una falta dehomogeneidad en losCódigosCiviles Federal y locales respectode la edad
mínima para contraermatrimonio. En este contexto se hace necesaria la revisión del marco jurídico
que regula la edadmínima almatrimonio en cada una de las entidades federativas.
