EstrategiaNacional
para laPrevencióndel Embarazo
enAdolescentes
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último, noexistediferenciacióndel tipode informaciónprovenientedepersonasprofesionales adultas
de las proporcionada por las y los pares adolescentes.
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2.1.9 Conclusionesy recomendacionesapartir de laexperiencia internacional
1. Enmediosmasivos tradicionales, así comoenmedios electrónicosy redes sociales, las intervencio-
nes deben basarse en teorías comprobadas y sustentarse en el conocimiento de la población obje-
tivo, difundiendo contenidos que puedan generar interés para las y los adolescentes. Las acciones
enmediosmasivos deben buscar el cambio de conductas, pero especialmente lamodificación de
normas sociales nocivas para la población adolescente.
2. La calidad de los servicios debe estar acompañada de esfuerzos de comunicación estratégica y
mercadeo social para promover que las y los adolescentes se acerquen a pedir la información, los
servicios y losmétodos que necesiten. Los servicios de calidad que no logran despertar demanda
sostenida terminanpor perder apoyoypresupuesto. Los servicios que sepromuevenyno cumplen
con la calidadprometida desincentivan el uso continuado.
3. Debe asegurarse el abasto ininterrumpido de anticonceptivos en servicios amigables para ado-
lescentes, incluyendo pastillas anticonceptivas de emergencia y ofrecer toda la gama demétodos,
incluyendoa losARAP, entre las opcionesdeprimera líneapara todas lasniñas oadolescentesque
hayan iniciado actividad sexual o estén próximas a hacerlo, sin dejar de enfatizar la doble protec-
ción con el condón, para prevenir ITS.
4. La Educación integral en sexualidad debe promoverse en las escuelas, en la comunidad y con las
madres y los padres. En el contexto escolar debe hacerse énfasis en la integralidad de la capaci-
tación y/o formación del personal docente, la planeación de los programas y los contenidos del
currículo.
5. Debe asegurarse la colaboración interinstitucional ymultisectorial para enfrentar el problema en
varios niveles. Debe involucrarse, aparte del sector salud, el sector educativo, el sector laboral, el
sector social, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada.
6. El nivel de intervencióndetermina lamagnituddel impacto, por lo que debe darse prioridad a in-
tervenciones estructurales y en el nivel comunitario.
2.2 AntecedentesenMéxico
Los antecedentes de los programas de anticoncepción en el sector público se dan a partir de la pro-
mulgación de la Ley General de Población en 1974, lamodificación del artículo 4 Constitucional y
del artículo25delCódigoSanitario en1973, que garantizaron el derechode las personas a ejercer de
manera libre, responsablee informada, ladecisión sobrecuándoycuántoshijosehijas tener. En1972,
el InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a ofrecer servicios de planificación familiar
amujeres con riesgode complicaciones en el embarazo y aborto cuyos casos hubieran sido aprobados
por un comité. La prestación de servicios de esta índole en la Secretaría de Salud (SS) inició en1973
en áreas urbanas y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en1974. En1977, el ConsejoNacional de Población (CONAPO) diseñó la primera Política
DemográficaNacional y Regional que explicitó el objetivo de disminuir la tasa de crecimiento de la
poblaciónyel primerPlanNacional dePlanificaciónFamiliar, 1976-1982, que incluíaentre sus líneas
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Villa-Torres,L; Svanemyr,J.“EnsuringYouth´sRight toParticipationandPromotionofYouthLeadership in theDevelopmentofSexual andReproductive
HealthPolicies andPrograms”.
Journal ofAdolescentHealth
. Enprensa.
